República Dominicana entra en una nueva etapa para uno de sus principales productos agrícolas después de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto el régimen arancelario especial establecido a finales de 2024 para proteger la producción nacional de arroz frente a las condiciones previstas en el DR-Cafta.

El esquema anterior, contenido en el Decreto 693-24, establecía un arancel de 20 % dentro del contingente registrado ante la Organización Mundial del Comercio y de 99 % fuera de ese volumen. Para el arroz procedente de Estados Unidos, además, reservaba una cuota de 23,300 toneladas métricas con arancel cero, mientras las importaciones que excedieran esa cantidad quedaban sujetas a una tasa de 99%.

Ese régimen fue derogado mediante el Decreto 635-26, emitido en septiembre y conocido públicamente esta semana. La decisión ocurre mientras República Dominicana mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre acceso al mercado y un posible acuerdo recíproco de tarifas. Diario Libre

El Ministerio de Agricultura respondió este miércoles a las preocupaciones del sector y sostuvo que la eliminación del decreto no significa que el Gobierno retire su apoyo a los productores. El ministro Francisco Oliverio Espaillat Bencosme afirmó que la estrategia oficial se concentrará ahora en mecanización, asistencia técnica, reducción de costos y mejoras de productividad.

Entre las medidas citadas por Agricultura se encuentra el Programa Nacional de Mecanización Agropecuaria, iniciado en San Juan, mediante el cual las autoridades buscan aumentar la capacidad productiva y reducir parte de los costos que enfrenta el campo dominicano.

La decisión coloca el debate en un punto distinto. Hasta ahora, una parte de la protección al productor dependía directamente de barreras arancelarias. Sin ese régimen específico, adquieren mayor importancia la productividad local, los costos de producción y las condiciones bajo las cuales pueda entrar arroz importado al mercado dominicano.

El arroz tiene además una relevancia que trasciende al productor. Se trata de uno de los alimentos de mayor consumo en el país, por lo que cualquier modificación importante en su estructura de producción, importación o precios tiene implicaciones tanto para los agricultores como para los hogares.

La cuestión que queda abierta es cómo se aplicarán en la práctica las nuevas condiciones comerciales y qué instrumentos utilizará el Gobierno para evitar que una mayor competencia externa debilite una producción considerada estratégica para la seguridad alimentaria. Las próximas negociaciones con Estados Unidos y las decisiones que adopten Agricultura, Aduanas y las demás instituciones involucradas serán determinantes para conocer el alcance real del cambio.