Mantener relativamente estables los precios de los combustibles ha dejado de ser una decisión semanal de política de precios para convertirse en uno de los principales desafíos fiscales de República Dominicana en 2026.

Para la semana del 17 al 23 de octubre, el Gobierno destinó RD$1,860.3 millones adicionales para mantener sin variación las gasolinas, los dos tipos de gasoil, el gas licuado de petróleo y el gas natural. Con esa asignación, el monto acumulado utilizado este año para amortiguar las alzas de los combustibles ya supera los RD$40,200 millones, según los datos divulgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

La cifra ayuda a explicar por qué el debate sobre combustibles ha pasado de las estaciones de servicio al presupuesto público. A finales de septiembre, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, advirtió que el costo podría llegar a RD$50,000 millones en 2026 si continúan las actuales presiones internacionales, una estimación muy superior a lo que se esperaba al formular las cuentas públicas para este año.

El precio que no aparece en la estación se paga desde el presupuesto

El mecanismo funciona absorbiendo con recursos públicos parte de la diferencia entre el costo que resulta de las referencias internacionales y el precio que finalmente se permite trasladar al consumidor.

Esta semana esa diferencia es particularmente amplia en el gasoil. El gasoil óptimo recibe un subsidio de RD$120.26 por galón, mientras el regular recibe RD$120.10. Sin la intervención estatal, el primero tendría un precio estimado de RD$438.36 por galón, frente a los RD$318.10 establecidos para esta semana. La gasolina regular recibe RD$55.65 por galón y la premium, RD$26.39.

El esfuerzo responde a una lógica económica concreta. El aumento del gasoil no afecta solamente al conductor que llega a una estación de servicio, sino también al transporte colectivo, distribución de mercancías, agricultura, construcción y logística. Permitir que una subida internacional se traslade de manera inmediata puede terminar aumentando los costos de numerosos bienes y servicios y añadiendo presión a la inflación.

El subsidio, por tanto, reduce la velocidad con la que el choque externo llega a hogares y empresas. Sin embargo, no elimina ese costo: lo traslada parcialmente del consumidor al Estado.

RD$40,200 millones dentro de un presupuesto más amplio

El presupuesto reformulado de 2026 contempla RD$1.664 billones en gastos del Gobierno central y un déficit financiero previsto de RD$280,575.3 millones.

Tomando esos valores como referencia, los más de RD$40,200 millones utilizados hasta ahora en subsidios equivalen aproximadamente al 2.4 % del gasto anual reformulado del Gobierno central, según un cálculo de THE DISTRICT. También representan, como referencia de escala, alrededor del 14 % del déficit financiero proyectado para el año. Esta comparación no significa que los subsidios expliquen por sí solos ese déficit, pero sí permite dimensionar el peso que han adquirido dentro de las finanzas públicas.

La presión fue reconocida por Hacienda desde mediados de año. En junio, sus escenarios estimaban que, si el petróleo WTI se mantenía entre US$90 y US$100, sería necesario encontrar entre RD$20,000 millones y RD$33,000 millones adicionales durante el resto de 2026, llevando el gasto total en subsidios hacia un rango aproximado de RD$40,000 millones a RD$50,000 millones.

El problema se ha complicado porque la evolución de los combustibles refinados no depende únicamente del precio del barril de petróleo. Hacienda ha señalado que el diésel ha experimentado aumentos mucho mayores que el propio crudo, debido a restricciones de oferta, capacidad de refinación y tensiones en los mercados internacionales. A finales de septiembre, Díaz indicó que mientras el WTI se encontraba 68 % por encima de su nivel de comienzos de año, el diésel había aumentado alrededor de 130 %.

En la última semana, según los datos utilizados por el MICM, el precio internacional de referencia del gasoil óptimo aumentó 5.14 % y el del gasoil regular 6.26 %.

El verdadero costo es también lo que deja de poder hacerse

El impacto presupuestario de un subsidio no consiste únicamente en cuánto dinero se desembolsa. También está relacionado con el llamado costo de oportunidad: cada peso dedicado a contener combustibles es un recurso que debe financiarse con ingresos, reasignaciones de gasto o mayor necesidad de financiamiento.

Eso no significa que el dinero destinado a los combustibles hubiera sido transferido automáticamente a hospitales, carreteras o escuelas en ausencia del subsidio. Los presupuestos no funcionan de esa manera. Sin embargo, cuanto más aumenta un gasto no previsto, menor es el margen disponible para responder a otras prioridades sin aumentar ingresos, reducir otras partidas o ampliar el déficit.

Precisamente por esa razón, la estrategia económica adoptada durante 2026 ha incluido ajustes presupuestarios y medidas para obtener recursos adicionales. El presupuesto reformulado elevó los gastos previstos y reasignó apropiaciones entre distintas instituciones para responder tanto a necesidades de inversión como a los efectos de la crisis internacional.

Hacienda ha insistido al mismo tiempo en que quiere preservar la inversión pública. La dificultad consiste en sostener obras y programas sociales mientras una parte creciente del presupuesto tiene que utilizarse para amortiguar un choque energético que se origina fuera del país.

El próximo debate será quién debe recibir el subsidio

La magnitud alcanzada por estas ayudas ha reabierto otra discusión: si tiene sentido subsidiar de la misma manera el consumo de todos los usuarios.

El Gobierno solicitó esta semana asistencia técnica al Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar la focalización de los subsidios sociales y estudiar instrumentos que permitan proteger el espacio fiscal, reducir riesgos para la inversión pública y mantener apoyo a los sectores más vulnerables.

La diferencia no es menor. Un subsidio generalizado contiene el precio para todos los consumidores de un determinado combustible, independientemente de su nivel de ingresos. Un esquema más focalizado intentaría concentrar una mayor parte del apoyo en hogares, transportistas o actividades consideradas especialmente sensibles al aumento de los precios.

Cambiar de un modelo a otro, sin embargo, implica desafíos operativos. El Estado necesitaría identificar beneficiarios, establecer mecanismos de compensación y evitar que el aumento del combustible utilizado para transporte y distribución termine llegando indirectamente a la canasta familiar.

La cooperación acordada con el BID indica que esa discusión ya no es solamente teórica. Hacienda está buscando mecanismos que permitan sostener la protección sin convertir un choque temporal en una presión permanente sobre las cuentas públicas.

Lo que habrá que vigilar

El desenlace dependerá principalmente de cuánto tiempo permanezcan elevados los precios internacionales de los combustibles refinados. Si las cotizaciones se moderan, el gasto semanal podría disminuir y Hacienda recuperaría parte del margen fiscal. Si la presión continúa, el costo anual puede acercarse a los RD$50,000 millones proyectados por las autoridades.

Para hogares y empresas, el subsidio significa que una parte importante del aumento internacional no aparece todavía en el precio pagado en la estación. Para el presupuesto nacional, esa diferencia sigue existiendo y tiene que financiarse.

Ahí está la paradoja de congelar los combustibles: el precio puede permanecer estable para el consumidor mientras el costo fiscal continúa aumentando.