Santo Domingo.— La posibilidad de establecer un sistema de control de fusiones y adquisiciones empresariales estará entre los principales asuntos de la IV Semana de la Competencia, que se celebrará en Santo Domingo del 2 al 6 de noviembre.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) anunció que el encuentro reunirá a representantes de más de veinte países, organismos multilaterales, académicos y especialistas en regulación económica.
Uno de los debates centrales será el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, una propuesta que modificaría aspectos sustanciales del marco establecido por la Ley 42-08.
Entre los cambios planteados figura la introducción de un régimen de control de fusiones, que permitiría examinar determinadas operaciones de concentración empresarial por sus posibles efectos sobre la competencia.
Actualmente, el debate sobre adquisiciones y consolidaciones empresariales cobra especial importancia en sectores donde un número reducido de participantes puede concentrar una parte considerable del mercado.
El anteproyecto también contempla fortalecer la persecución de cárteles mediante un programa de clemencia y ampliar las facultades de investigación de la autoridad de competencia. Otro componente es el rediseño institucional de ProCompetencia para reforzar su independencia.
La aprobación de una legislación de este tipo podría modificar las consideraciones legales y regulatorias de empresas que proyecten adquisiciones, integraciones o acuerdos comerciales. Su alcance concreto dependerá, no obstante, del texto que finalmente sea sometido y aprobado por el Congreso Nacional.
La agenda incluye un congreso internacional sobre competencia y transformaciones geopolíticas, así como debates sobre comercio, cadenas de suministro y prácticas anticompetitivas en las contrataciones públicas.
El martes 3 de noviembre está previsto un panel dedicado específicamente al anteproyecto. La semana concluirá el viernes 6 con el Foro Centroamericano de Competencia.
Para el sector empresarial dominicano, el punto decisivo será conocer qué operaciones quedarían sujetas a revisión, cuáles serían los umbrales aplicables y cómo se garantizaría que una eventual supervisión no genere incertidumbre innecesaria en las inversiones.