Santo Domingo.- La propuesta de reforma de la seguridad social presentada esta semana en el Congreso Nacional promete mejorar las pensiones, reducir las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y ampliar la cobertura de servicios médicos. Sin embargo, detrás de estos beneficios existe una cuestión determinante para el futuro del sistema: cuánto dinero adicional deberán aportar los trabajadores y sus empleadores para financiarlos.
El proyecto, depositado el 20 de octubre por el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, plantea sustituir la Ley 87-01, vigente desde 2001, por una nueva Ley Orgánica del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Entre sus principales disposiciones figura el incremento gradual de las cotizaciones conjuntas para pensiones y salud, que pasarían del 20.10 % actual al 29.01 % de las respectivas bases salariales cotizables una vez completado el calendario previsto para 2036.
La diferencia representa 8.91 puntos porcentuales adicionales, equivalentes a un aumento relativo del 44.3 % en las tasas de contribución. El proyecto distribuye ese esfuerzo entre empleados y empleadores, aunque contempla una compensación salarial para evitar que los trabajadores asuman directamente todo el incremento de sus aportaciones.
¿Cuánto más se pagaría por un trabajador?
Para comprender la dimensión económica de la propuesta, puede utilizarse como referencia un empleado que devenga RD$100,000 mensuales.
Bajo las tasas actuales, las cotizaciones conjuntas para salud y pensiones equivalen a RD$20,100 mensuales, de los cuales RD$5,910 corresponden al trabajador y RD$14,190 al empleador.
Con las tasas finales propuestas para 2036, y suponiendo que el salario cotizable permanezca en RD$100,000, las aportaciones conjuntas alcanzarían RD$29,010 mensuales. La contribución del trabajador sería de RD$9,930 y la del empleador de RD$19,080.
La diferencia asciende a RD$8,910 adicionales cada mes, equivalentes a RD$106,920 anuales entre ambas partes, antes de considerar los ajustes salariales previstos por la propia reforma.
Este cálculo permite dimensionar el cambio en las tasas, pero no representa una proyección definitiva del costo de una nómina. La propuesta incluye una disposición que obligaría a los empleadores a incrementar los salarios para compensar las mayores cotizaciones de sus trabajadores, lo que también podría modificar las bases de cálculo.
En consecuencia, el costo final para las empresas podría superar el incremento directo de sus contribuciones.
Una obligación adicional para las empresas
Actualmente, los empleadores aportan conjuntamente el 14.19 % del salario cotizable para los seguros de pensiones y salud, mientras que los trabajadores contribuyen con el 5.91 %.
La reforma propone elevar gradualmente esas tasas al 19.08 % y al 9.93 %, respectivamente.
El artículo 76 del proyecto establece que cada vez que aumente la tasa de cotización correspondiente al trabajador, su empleador deberá incrementar el salario en un porcentaje equivalente.
El mecanismo busca compensar el mayor descuento aplicado a los empleados, pero también trasladaría a las empresas una obligación salarial adicional, además del incremento de sus propias contribuciones.
Esta disposición tendría implicaciones para negocios de diferentes tamaños, especialmente aquellos cuya estructura de costos depende considerablemente de la nómina.
También afectaría a las instituciones públicas, que necesitarían contemplar los mayores aportes y las compensaciones salariales dentro de sus presupuestos.
El proyecto no presenta una estimación consolidada del impacto que estas obligaciones tendrían sobre los costos laborales, la contratación formal y las finanzas públicas.
Los salarios altos también enfrentarían cambios
Otra disposición relevante consiste en duplicar el límite salarial utilizado para calcular las cotizaciones del Seguro Familiar de Salud.
Actualmente, estas aportaciones se calculan sobre un máximo de diez salarios mínimos nacionales de la seguridad social, equivalentes a RD$232,230 mensuales desde febrero de 2026.
La propuesta elevaría ese límite a veinte salarios mínimos, equivalentes a RD$464,460 con la referencia actual.
Esto significa que los trabajadores cuyos ingresos superan el tope vigente, y sus empleadores, no solamente enfrentarían tasas más altas, sino también una ampliación del salario sobre el cual se calculan las contribuciones.
El cambio resulta especialmente relevante para profesionales de mayores ingresos y empresas con personal altamente remunerado.
¿Se garantizarían pensiones equivalentes al 70 % del salario?
El diputado Genao ha planteado como objetivo que las pensiones alcancen entre el 60 % y el 70 % del salario cotizado.
Para avanzar hacia esa meta, la iniciativa propone aumentar la cotización total para pensiones del 9.97 % al 16 % y elevar la proporción destinada a las cuentas individuales de capitalización del 8.40 % al 13.90 % para 2036.
También contempla reducir gradualmente la comisión máxima anual de las AFP hasta el 0.40 % sobre los fondos administrados.
Sin embargo, el incremento de las aportaciones no garantiza automáticamente una pensión equivalente al 60 % o 70 % del salario para todos los afiliados.
El resultado dependerá de factores como la cantidad de años cotizados, los salarios declarados, la rentabilidad de las inversiones, los recursos acumulados y las condiciones de retiro.
Una persona que haya cotizado durante toda su vida laboral no necesariamente tendrá el mismo resultado que otra que haya alternado períodos de empleo formal e informal.
La ausencia de un estudio actuarial integral adjunto al proyecto también impide determinar, con la información disponible, si los beneficios anunciados serían financieramente sostenibles bajo las condiciones propuestas.
¿Qué cambiaría en la cobertura de salud?
La iniciativa no se limita al sistema de pensiones. También propone ampliar determinadas prestaciones médicas y crear el Fondo de Medicamentos y Productos Sanitarios de Alto Costo (FOMAC).
Este fondo recibiría recursos equivalentes al 1.07 % del salario cotizable, incluidos dentro de la nueva tasa propuesta del 13.01 % para el Seguro Familiar de Salud.
Entre las medidas anunciadas se encuentran la eliminación de copagos en servicios de emergencia, prevención, embarazo y parto, así como la cobertura sin copago de los medicamentos y productos incorporados al listado del nuevo fondo.
El proyecto contempla, además, mantener la cobertura médica de los trabajadores y sus familias cuando el empleador incurra en mora, y extenderla durante 60 días para quienes pierdan su empleo.
Estas disposiciones podrían modificar la protección económica de los hogares frente a determinadas enfermedades y situaciones de desempleo. No obstante, su alcance dependerá de las condiciones de elegibilidad, las prestaciones efectivamente cubiertas y los mecanismos de financiamiento que finalmente sean aprobados.
El desafío: mejores prestaciones sin debilitar el empleo formal
El debate sobre la reforma de la seguridad social enfrenta objetivos que deben evaluarse conjuntamente.
Por una parte, existe la necesidad de mejorar las pensiones y reducir la exposición económica de las familias ante enfermedades y gastos médicos. Por otra, aumentar las cotizaciones obligatorias implica mayores costos laborales, con posibles efectos sobre la contratación, los salarios y la formalización del empleo.
El superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, ha reconocido anteriormente que la intermitencia laboral constituye uno de los desafíos estructurales del sistema dominicano, debido a la entrada y salida de trabajadores del mercado formal.
Esa realidad plantea una pregunta que trasciende el porcentaje de las nuevas cotizaciones: cómo garantizar una jubilación adecuada para quienes no logran aportar de manera continua durante toda su vida laboral.
El proyecto de Genao deberá ser estudiado por el Congreso Nacional, donde podrán examinarse sus disposiciones y los mecanismos necesarios para financiar las prestaciones propuestas.
Antes de su aprobación, será fundamental conocer estudios actuariales, estimaciones sobre el impacto en las nóminas y evaluaciones de sus posibles consecuencias para el empleo formal y las finanzas públicas.
La discusión no se reduce a determinar cuánto deberían aumentar las pensiones. También exige establecer quién financiará esos beneficios, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones podrán mantenerse.
Por ahora, las disposiciones descritas forman parte de una iniciativa legislativa y no modifican las obligaciones vigentes de trabajadores y empleadores.